Aprueban preponderar los derechos de las personas con discapacidad

• “Con
  el propósito de preponderar los derechos y acciones en beneficio de las
  personas con discapacidad”: diputada Santa Alejandrina Corral

El
Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad de los presentes, el dictamen
número 45 presentado por la Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales, respecto a la iniciativa de la diputada panista
Santa Alejandrina Corral Quintero, relativo a diversas disposiciones a
la Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California.
 
La
propuesta de reforma fue presentada el 15 de octubre de 2021, con el
propósito de preponderar los derechos y acciones en beneficio de las
personas con discapacidad, pero para poder cumplir con este objetivo es
necesario que existan funcionarios públicos conscientes y vigilantes de
la correcta aplicación de la ley, así como tener conocimiento de la
responsabilidad y sanciones correspondientes en caso de caer en
omisiones en la aplicación de la misma.
 
Destaca que las
sanciones administrativas que impongan a los servidores públicos, la
Sindicatura, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, los
Órganos Internos de Control, el Tribunal Superior de Justicia, el
Consejo de la Judicatura del Estado y el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, derivados de los procedimientos por la comisión de
faltas administrativas graves, podrán ser desde la suspensión del empleo
o inhabilitación, hasta una sanción económica.
 
El dictamen
emitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, indica que de la propuesta presentada se declara como
procedente realizar modificaciones a los artículos 2, 6 QUINIQUIES, 45,
63 y 64 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado, la
adición del artículo 65 al mismo ordenamiento y cambia la denominación
de diversos Capítulos, con el propósito de armonizar dicho ordenamiento
con la Ley que rige la estructura y funcionamiento orgánico de la
administración pública estatal, y también, propone incorporar una serie
de conceptos y nociones jurídicas que benefician los derechos
sustantivos de las personas con discapacidad.